Propuesta para reorientar el presupuesto 2007 ð El análisis de la ejecución presupuestaria del 2006 enseña varias cosas: 1. En primer lugar, que el actual equipo de gobierno es incapaz de poner en práctica las políticas expresadas en “su” presupuesto. A menos de dos meses de finalizar el ejercicio resta sin ejecutar alrededor del 28% (Q10,345 millones) de lo presupuestado. Las Secretarías del Ejecutivo (ejecución, 43.8%), Gobernación (60.7%), Energía y Minas (61.4%), el CIV (62.9%), Trabajo (67.3%), Economía (67.5%) y el MAGA (68.3) se destacan en ese sentido, con ejecuciones por debajo del 72.5% que promedia la Administración. 2. Que se busca disimular la ineptitud gubernamental con artificios contables que permiten transferir recursos de un año al siguiente eludiendo la norma de que lo no ejecutado debe volcarse al fondo común del Estado al finalizar cada ejercicio. Para esto se ha introducido la práctica de “comprometer” fondos para que se reserven los recursos y se los considere ejecutados. 3. Al mismo fin (y al beneficio de sectores afines al gobierno) apunta la generalización de la ejecución de programas a través de entidades “administradoras” y fideicomitentes, sean bancos y Ong u organismos internacionales. En esta práctica se destaca ampliamente el MAGA. 4. En definitiva, estos mecanismos resultan en una acumulación de recursos que circulan por fuera del ámbito público y permiten presentar un proyecto de presupuesto estrecho e insuficiente para la resolución de los enormes problemas sociales pero sin afectar mayormente el flujo de fondos para la actividad privada y una provisión suficiente para obras y actividades con finalidad proselitista en un año electoral. Al respecto y en principio, el CIIDH estima que no menos de Q1,300 millones del ejercicio actual van a ser ejecutados hasta el 2007. 5. Las transferencias entre ministerios y entidades de la Administración, permitidas mediante un simple acuerdo gubernativo, han sido llevadas al extremo de tergiversar la voluntad legislativa con la que se aprueba el presupuesto. Este es el caso de la ampliación solapada del presupuesto a través del recorte de pagos de la deuda pública, que este año se van reduciendo en Q182.7 millones, destinados a proyectos no discutidos en el Congreso ni conocidos por la opinión pública. ¿Qué impide que en el 2007, presentados como inversión, se dediquen a fines clientelares y proselitistas? ð El proyecto de presupuesto 2007 contiene, dentro de un panorama de continuidad generalizada de las asignaciones, una serie de incrementos con evidente finalidad electoral. Tal es el caso, por ejemplo, del refuerzo del bacheo de carreteras por el CIV (Q252.1 millones más sobre los Q645.6 del 2006); los incrementos del MAGA en distribución de fertilizantes y granos básicos; los de la SCEP rotulados como Organización comunitaria (con Q201.6 millones, Q24.1 millones más que en el 2006 y Q91.7 que en el 2005) y Combate a la pobreza urbana (Q56.6 millones más sobre los Q39.5 del 2006) parecen sustituir al criticado PACUR; los de la SOSEP, que pasan de Q86.6 millones en el 2006 a Q140.1 millones (Q53.5 millones de aumento), etcétera. ð Mientras tanto, las urgencias del sistema de salud en equipamiento de la red de centros, el aprovisionamiento de medicinas y el mantenimiento de los hospitales queda postergado, al igual que los justos reclamos de los trabajadores de la salud.
Criterios de reorientación1. Recorte de los gastos en telefonía, energía eléctrica, materiales de oficina, viáticos, gastos de representación, contrataciones de personal, etc. En aquellos ministerios donde no se propone el recorte en servicios generales se esperarían reorientaciones internas. 2. Recorte del gasto militar, reducción de ciertos programas con bajas ejecuciones y otros que aparecen con incrementos que superan ampliamente a lo presupuestado en el 2006, con claro fin proselitista. 3. Reorientación de recursos hacia el Ministerio de Salud a fin de impulsar el abastecimiento y equipamiento de los hospitales y la red de establecimientos en general y reforzar el salario de los trabajadores de la salud. 4. Se propone además la inclusión en el decreto del presupuesto de una disposición que impida las transferencias desde el pago de deuda y las obligaciones con el IGSS (aportes patronales y al EMA y al PAMI) hacia otros destinos
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